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Inviolabilidad de correos electrónicos y conversaciones de Facebook en el ámbito laboral

En una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el EXP. N° 00943-2016-PA/TC, dicho Tribunal se pronunció sobre la posibilidad de regular o controlar el uso de los correos electrónicos por parte del empleador sobre sus trabajadores, además de brindar importantes alcances sobre el uso de las redes sociales en el ámbito laboral.

El caso materia de análisis se sustenta en la demanda de un trabajador que solicita que se deje sin efecto el despido arbitrario del que fue objeto, alegando la vulneración de su derecho constitucional al trabajo, al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, a la intimidad personal, a la presunción de inocencia y al debido proceso, toda vez que las imputaciones se sustentaban en un mensaje a través de la red social Facebook que mantuvo con una compañera de trabajo.

Las faltas imputadas al trabajador fueron:

 i) haber manipulado sin autorización información de carácter reservado de la empresa; y,

ii) no haber entregado un cargo relacionado a cuentas pendientes por rendir dentro del plazo establecido.

Si bien en la Sentencia, el TC declara Improcedente el recurso interpuesto por el trabajador, más por un tema de forma que de fondo, es decir, que el Amparo no era la vía idónea para impugnar el caso, deja algunos puntos resaltantes sobre el tema del control de los correos electrónicos por parte del empleador.

El TC señala por ejemplo que la evolución de las tecnologías de la información y comunicación ha generado un gran impacto en las relaciones laborales, lo cual exige que este Tribunal deba realizar un análisis en tomo a dos cuestiones a la luz de estos importantes cambios:

i) los límites al uso extralaboral de los medios informáticos de propiedad de la empresa por parte de los trabajadores; y,

 ii) la legitimidad de los controles empresariales y de vigilancia de dicho uso frente a los nuevos avances tecnológicos.

En ese sentido, el Tribunal reconoce la facultad del empleador de fiscalizar e intervenir en el correo electrónico institucional

 1) Si es que previamente ha comunicado al trabajador tanto de la posibilidad de la monitorización de sus comunicaciones a través de este medio,

2) así como de las condiciones de uso permitido por la empresa.

Facebook

En el presente caso, si bien la conversación se realizó a través de un equipo de cómputo de propiedad del empleador, una red social como el Facebook, señala el Tribunal, representa un medio de comunicación ajeno a la empresa demandada, el cual permite trasmitir información desde cualquier lugar del mundo. por lo que se trata de un servicio que se brinda independientemente del equipo que se utilice para conectarse a esta plataforma virtual.

Por tanto, no es posible sostener que el hecho que el empleador sea propietario del equipo utilizado para ingresar al Facebook, permita considerar que una red social merece un tratamiento similar al de un correo electrónico institucional o cualquier medio de comunicación que forma parte de la empresa o que es creado a pedido de la empresa y que debe utilizarse principalmente para fines laborales.

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Personas Jurídicas también pueden defender su honor – Difamación contra persona jurídica

Pese a la creencia de que los delitos contra el honor como la injuria, calumnia o difamación sólo pueden ser cometidos contra personas naturales, existe reiterada jurisprudencia constitucional que avala el derecho de las personas jurídicas a defender su imagen y buena reputación mediante las acciones penales correspondientes.

De acuerdo a la R.N. 1695-2012, de la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Transitoria, se señala que no existe inconveniente en entender que las personas jurídicas puedan verse afectadas por el delito de difamación, en tanto el derecho al honor no sólo corresponde a personas naturales sino también a los entes jurídicos, pues gozan de prestigio, reputación y buen nombre que merecen la protección del derecho penal frente a las expresiones difamatorias. Se parte de una valoración externa en su sentido objetivo de buena reputación relacionada con el honor.

Cuando las personas jurídicas nacen para el derecho adquieren su propia personalidad jurídica, que es distinta de las personas naturales que la integran. En ese contexto, desarrollan sus actividades direccionadas al logro de sus fines, por lo que se justifica su titularidad del derecho al honor. Una persona jurídica que es atacada en su buena fama, su prestigio o su reputación, tiene indudablemente acción para su protección, sea persona jurídica de tipo personalista, sea de tipo patrimonialista. En el ordenamiento jurídico no existe ninguna norma que prohíba a las personas jurídicas ser titulares de derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional en diversas sentencias [del nueve de noviembre de dos mil once, caso Southern Perú Copper Corporation”; del veintiséis de mayo de dos mil diez, caso “Empresa Millarq E.I.R.L.; del veintinueve de agosto de dos mil seis, caso Yovana Del Carmen Gálvez Berrio; del catorce de agosto de dos mil dos, caso “Caja Rural de Ahorro Crédito de San Martín”] ha reconocido la titularidad del derecho a la buena reputación de las personas jurídicas y expone una doctrina que se resume así: “en la medida en que las organizaciones conformadas por personas naturales se constituyen con el objeto de que se realicen y defiendan sus intereses, esto es, actúan en representación y sustitución de las personas naturales, muchos derechos de estos últimos se extienden sobre las personas jurídicas. Aunque la buena reputación se refiera, en principio, los seres humanos, este no es un derecho que ellos con carácter exclusivo puedan titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho privado, pues, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos podría ocasionar que se dejen en una situación de indefensión constitucional ataques contra su prestigio y reputación que tienen frente a los demás o ante el descrédito ante terceros de toda organización creada por los individuos.

Por tanto, las personas jurídicas de derecho privado también son titulares del derecho a la buena reputación”.

El delito de difamación, el cual es aquel en el que más se incurre contra las empresas, relacionado a su imagen y reputación, se encuentra previsto y sancionado por el artículo ciento treinta y dos del Código Penal y exige como elemento material: 

a) Que el sujeto activo profiera ofensas —atribución a una persona de un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar o menoscabar su honor o reputación—b) La posibilidad de su difusión —ofensas expuestas ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que puedan divulgarse o propalarse—.

Constituye una circunstancia agravante que dicha conducta se cometa por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, en el cual se encuentran entendidos los medios electrónicos como aplicaciones y redes sociales.

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