¿Qué hacer si nos difaman en redes sociales?

¿Qué hacer si nos difaman en redes sociales?

Ante casos de difamación u otro tipo de delitos contra el honor se debe proceder mediante acción privada, ya sea de manera previa mediante carta notarial o de manera directa mediante la presentación de una querella.

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¿Qué documentos puede requerir la Entidad para acreditar la experiencia del postor?

¿Puede la Entidad requerir al contratista copia de facturas, depósitos, voucher de depósitos, estados de cuenta bancarios, registro de compras y ventas, entre otros documentos, para verificar fehacientemente la veracidad de los contratos, órdenes de compra y/o servicios, constancia de cumplimiento de la prestación que presenten en su oferta para acreditar la experiencia del postor?

Las bases deben establecer toda la documentación que deben contener las ofertas presentadas por los postores; entre dicha documentación se encuentra aquella que está destinada a acreditar los requisitos de calificación exigida a los postores —tales como la experiencia del postor—, de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 del Reglamento y a lo que se establezca en las bases.

Al respecto, las Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de Servicios en General, señalan en su numeral 3.2 de su Sección Específica que para efectos de acreditar su experiencia los postores deben acreditar un monto facturado acumulado conforme a lo que establezca la Entidad (facturación que no debe ser mayor a tres veces el valor referencial de la contratación o del ítem), por la contratación de servicios en la actividad objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Ahora bien, para efectos de acreditar su experiencia, el postor debe presentar copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con los documentos que indique la Entidad en las bases, los cuales pueden ser, por ejemplo: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros

La normativa de contrataciones del Estado no ha establecido un procedimiento para verificar la veracidad de los documentos en el marco de una fiscalización posterior, correspondiendo que la Entidad utilice todos los elementos que considere necesarios para alcanzar dicha finalidad.

Fuente: OPINIÓN Nº 071-2019/DTN, Jesús María, 7 de mayo de 2019

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Gestión de cobranzas no puede afectar el honor y reputación

La cobranza judicial o extrajudicial a deudores es quizá uno de los aspectos menos atractivo de ser empresario; si el bien o servicio ha sido brindado de buena fe incurriendo en gastos propios del rubro de la empresa, la demora en el pago incrementa muchas veces los costos y dificulta el normal desenvolvimiento de las actividades empresariales.

Muchas veces las empresas se ven tentadas a recurrir a terceras personas o empresas que aseguran un alto grado de efectividad en el cobro pero sin considerar que una actuación inadecuada de estas, ya sea mala praxis legal o vulneración a derechos fundamentales de los deudores, como por ejemplo afectación a su dignidad, puede acarrear responsabilidad en la empresa que contrató dichos servicios.

Como ejemplo más ilustrativo tenemos en caso de los Hombrecitos amarillos, empresa de cobranza que utilizaba como uno de sus métodos más eficaces, la provisión de personas vestidas de amarillo quienes armados con carteles con todo tipo de frases denigrantes se apersonaban al domicilio o centro de trabajo de los deudores de turno con el fin de coaccionar el pago mediante la intimidación o desprestigio social.

Debido al auge de este tipo de método de cobranzas, el Tribunal Constitucional se pronunció mediante Sentencia recaída en el EXP N° 835-2002-AA/TC, pronunciándose respecto al pedido de la empresa
Full Line S.A., la cual acudió vía Amparo contra la empresa
Hombrecitos de Color S.A. y Telefónica del Perú S.A.A., con el objeto de que se abstengan de continuar realizando actos como los que se aprecian en la fotografía que presentó al proceso, en la que se aprecia a personas vestidas de manera singular y llamativa y portando carteles con frases denigrantes, con el propósito de divulgar información de la demandante, pues considera que ello amenazaba su derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho de defensa, al honor y a la buena reputación.

El TC señala que si bien la empresa Telefónica del Perú S.A.A. no ha efectuado directamente los actos que constituyen amenaza constitucional,  conforme lo afirma en el escrito de contestación de demanda, (…) ha celebrado con   la citada empresa un contrato civil para que proceda a la cobranza de deudas; en tal sentido, asume las consecuencias de los actos realizados por la empresa Hombrecitos de Color S.A. en cumplimiento del referido contrato.

Del mismo modo, se acreditó que la empresa de cobranzas contratada amenaza los derechos a la buena reputación y a la imagen de la empresa demandante, que han sido reconocidos como derechos fundamentales por este Tribunal Constitucional para las personas jurídicas, en la sentencia N.° 0905-2001-AA/TC, declarando fundada la demanda.

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00835-2002-AA.html

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Personas Jurídicas también pueden defender su honor – Difamación contra persona jurídica

Pese a la creencia de que los delitos contra el honor como la injuria, calumnia o difamación sólo pueden ser cometidos contra personas naturales, existe reiterada jurisprudencia constitucional que avala el derecho de las personas jurídicas a defender su imagen y buena reputación mediante las acciones penales correspondientes.

De acuerdo a la R.N. 1695-2012, de la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Transitoria, se señala que no existe inconveniente en entender que las personas jurídicas puedan verse afectadas por el delito de difamación, en tanto el derecho al honor no sólo corresponde a personas naturales sino también a los entes jurídicos, pues gozan de prestigio, reputación y buen nombre que merecen la protección del derecho penal frente a las expresiones difamatorias. Se parte de una valoración externa en su sentido objetivo de buena reputación relacionada con el honor.

Cuando las personas jurídicas nacen para el derecho adquieren su propia personalidad jurídica, que es distinta de las personas naturales que la integran. En ese contexto, desarrollan sus actividades direccionadas al logro de sus fines, por lo que se justifica su titularidad del derecho al honor. Una persona jurídica que es atacada en su buena fama, su prestigio o su reputación, tiene indudablemente acción para su protección, sea persona jurídica de tipo personalista, sea de tipo patrimonialista. En el ordenamiento jurídico no existe ninguna norma que prohíba a las personas jurídicas ser titulares de derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional en diversas sentencias [del nueve de noviembre de dos mil once, caso Southern Perú Copper Corporation”; del veintiséis de mayo de dos mil diez, caso “Empresa Millarq E.I.R.L.; del veintinueve de agosto de dos mil seis, caso Yovana Del Carmen Gálvez Berrio; del catorce de agosto de dos mil dos, caso “Caja Rural de Ahorro Crédito de San Martín”] ha reconocido la titularidad del derecho a la buena reputación de las personas jurídicas y expone una doctrina que se resume así: “en la medida en que las organizaciones conformadas por personas naturales se constituyen con el objeto de que se realicen y defiendan sus intereses, esto es, actúan en representación y sustitución de las personas naturales, muchos derechos de estos últimos se extienden sobre las personas jurídicas. Aunque la buena reputación se refiera, en principio, los seres humanos, este no es un derecho que ellos con carácter exclusivo puedan titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho privado, pues, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos podría ocasionar que se dejen en una situación de indefensión constitucional ataques contra su prestigio y reputación que tienen frente a los demás o ante el descrédito ante terceros de toda organización creada por los individuos.

Por tanto, las personas jurídicas de derecho privado también son titulares del derecho a la buena reputación”.

El delito de difamación, el cual es aquel en el que más se incurre contra las empresas, relacionado a su imagen y reputación, se encuentra previsto y sancionado por el artículo ciento treinta y dos del Código Penal y exige como elemento material: 

a) Que el sujeto activo profiera ofensas —atribución a una persona de un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar o menoscabar su honor o reputación—b) La posibilidad de su difusión —ofensas expuestas ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que puedan divulgarse o propalarse—.

Constituye una circunstancia agravante que dicha conducta se cometa por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, en el cual se encuentran entendidos los medios electrónicos como aplicaciones y redes sociales.

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Modifican Decreto Supremo N° 004-97-TR, Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios

Se modifica el Reglamento de la Ley de CTS incorporando artículos 19, 20 y 21 referidos al procedimiento de solicitud de retiro de CTS de la entidad financiera cuando por algún motivo el empleador se engara a emitir el certificado de cese correspondiente.

En ese sentido, se añade articulado referido al silencio administrativo positivo en caso que la entidad de trabajo correspondiente demore más de 15 días hábiles para realizar la inspección con motivo de la negativa a entregar el certificado de cese o habiéndose realziado la inspección demore en entregar la orden dirigida a la entidad financiera.

“Del procedimiento administrativo de otorgamiento de constancia de cese»

Artículo 19.- El procedimiento administrativo de otorgamiento de constancia de cese a cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo competente es de evaluación previa sujeto a silencio administrativo positivo, sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la administración, conforme con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019- JUS. La constancia de cese se expide en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de presentada la respectiva solicitud. De aplicarse el silencio administrativo positivo, para el retiro de la compensación por tiempo de servicios ante el banco o entidad financiera es necesaria la presentación de la copia de la solicitud o el formato presentado ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo competente, en la que se aprecie el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro, fecha, hora y firma del agente receptor.

Artículo 20.- Para el procedimiento administrativo de otorgamiento de constancia de cese, el trabajador cesante debe presentar los siguientes requisitos:

a) Solicitud que contiene como mínimo información respecto a la identificación del trabajador cesante, del empleador obligado, así como del banco o entidad financiera.

b) Copia simple de un documento que acredite el cese del trabajador, tales como la liquidación de beneficios o el certificado de trabajo u otros relacionados.

c) Copia simple de un documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria de compensación por tiempo de servicios del trabajador cesante.

En caso de no poder cumplir con el requisito señalado en el literal b) del presente artículo, la autoridad a cargo del procedimiento da trámite a la solicitud, debiendo realizar posteriormente acciones de verificación, a fin de constatar el cese del trabajador y evaluar la viabilidad de otorgar la constancia de cese. De ser necesario, la referida autoridad puede recurrir a la colaboración de las actuaciones inspectivas de investigación de la inspección del trabajo.

Artículo 21.- El órgano competente de la Autoridad Inspectiva de Trabajo para resolver este procedimiento es la correspondiente Sub Dirección de Inspección de la Dirección o Gerencia de Inspección del Trabajo de la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo o la que haga sus veces; o, la Sub Intendencia de Actuación Inspectiva de las Intendencias Regionales o Intendencia de Lima Metropolitana de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL o la que haga sus veces. La Autoridad Inspectiva de Trabajo competente resuelve el recurso de apelación conforme con las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.”

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